Los medios alternativos de solución de controversias, resultan más rápidos y ágiles que los procedimientos jurisdiccionales y en este sentido es precisamente el arbitraje el más común de dichos medios alternativos, cuya figura se establece como foro de resolución de controversias en cada vez más relaciones contractuales de muchas empresas a nivel mundial.
Por esta esta razón VAG&G Consultores, asesora activamente a sus clientes en la materia arbitral, cuya asesoría va desde los puntos a favor y en contra de someterse al arbitraje.
VAG & G, Consultores es una firma de asesoría legal cuya práctica gira alrededor de tres ejes principales: especialización, compromiso y ética profesional.
Ofrecer en todo momento un trato directo y especializado preocupándonos al máximo por cada asunto particularmente, lo que nos permite generar la confianza y fidelidad de nuestros clientes, brindando un servicio personalizado de alta calidad, otorgado con amabilidad y eficiencia..
Ser una firma legal de prestigio y reconocimiento nacional, líder en su campo, en constante capacitación, mejoramiento y desarrollo. Estar formada por colaboradores comprometidos, realizados personal y profesionalmente.
+ Ética
+ Eficiencia con Calidad
+ Confianza
+ Profesionalismo
+ Espíritu de servicio.
+ Responsabilidad Social.
Ponemos a su servicio a un experimentado grupo de profesionales especializados en ésta área de la práctica legal.
Juicios y asesoría en materia de contratos civiles, y reclamación de cumplimiento o rescisión de los mismos, exigencia de responsabilidad civil por hechos ilícitos, fraude de acreedores, simulación de actos jurídicos, nulidad y dano moral.
Juicios y asesoría sobre matrimonio, regímenes patrimoniales, divorcio, alimentos, violencia familiar, adopción, filiación, patria potestad, tutela y patrimonio de familia, en todas sus modalidades.
Intervención en todo tipo de procedimientos para defender derechos de propiedad industrial, como marcas, patentes y derechos de autor, en los que tenga intervención la autoridad judicial; así como otros litigios derivados de la actuación de fedatarios públicos, como notarios y corredores, así como de agentes aduanales en los cuales se requiera intervención judicial; y procedimientos administrativos, cuando tienen forma de juicio.